La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y su reconocimiento y reparación representan un deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española.

La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes y nos protege de repetir errores del pasado. La consolidación de nuestra todavía joven democracia nos permite hoy mirar y afrontar la verdad sobre esta etapa, todo ello en el marco de la defensa de los derechos humanos.

La restauración plena de la democracia en España a partir de la Constitución española no fue acompañada de la necesaria atención y reparación de las víctimas del periodo comprendido entre el inicio de la Guerra Civil y la aprobación del texto constitucional y se impuso un velo que colocó a los que sufrieron la represión y a sus familiares en la difícil tesitura de tener que soportar un nuevo castigo, esta vez el del silencio.

La aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, supuso un punto de inflexión en esta política del silencio. Con esta ley se quiso honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante esta etapa, dando solución a aquellas situaciones que no habían sido contempladas en el esfuerzo de reparación y compensación que venían llevando a cabo tanto el Estado como las comunidades autónomas desde 1978. Con ella, por primera vez, se reconoce en España el derecho de toda la ciudadanía a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, cercenada primero por la rebelión militar, después por la Dictadura y, en su último término, por el miedo en los primeros momentos de la democracia.

En la Comunidad Autónoma de Canarias no ha habido hasta el momento un desarrollo normativo de los aspectos contemplados en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a excepción del convenio de colaboración firmado en el año 2011 con el Ministerio de Justicia para la elaboración y aplicación del mapa integrado de fosas previsto en el artículo 12.2 de la citada ley estatal. Este hecho ha supuesto la falta de concreción de las medidas a poner en marcha y, en algunos casos, la insuficiente implicación de algunas administraciones públicas canarias en esta materia.

En muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa. Algunas administraciones canarias se han implicado en esta materia, pero otras muchas no, por lo que es preciso establecer mediante esta ley medidas homogéneas y de general aplicación.

La ley 5/2018 tiene como objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, diversas medidas para recuperar la memoria histórica en relación con las víctimas canarias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, con el objeto de lograr su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. A los efectos previstos en la presente ley, se considera el periodo comprendido desde el inicio de la Guerra Civil, en 1936, hasta la aprobación del texto constitucional de 1978.

Esta ley tiene como finalidad, entre otras, fomentar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante el periodo de tiempo señalado en el apartado anterior, en colaboración tanto con las administraciones públicas canarias como con las organizaciones y asociaciones de memoria histórica. También busca satisfacer el interés legítimo de los familiares de las personas fallecidas o desaparecidas durante el citado periodo y, en particular, en lo relativo a la identificación de las víctimas, la localización y exhumación de sus restos humanos, y la elaboración de un registro de víctimas; así como facilitar el reencuentro entre parientes separados. Otro objetivo es la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista.

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